Hace 20 años se firmó la Convención sobre los derechos de la infancia que obliga a los gobiernos a proteger a los niños y las niñas de la explotación económica y realizar trabajos que puedan ser peligrosos para su salud o interferir en su educación y desarrollo. Sin embargo, las cifras son abrumadoras y todavía el flagelo afecta a las comunidades más vulnerables de Asia, Africa y América Latina. Gobiernos, empresas y ciudadanos/as somos responsables.