Celebramos el 1 de Mayo con un millón de chilenos y/o chilenas ganando sueldos iguales o menores al sueldo mínimo, de acuerdo a resultados del estudio de Trabajo e Ingreso de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica. De ese millón de personas, el 80 por ciento gana por debajo del salario establecido por ley, que alcanza los 144 mil pesos, según las precisiones del estudio del Ministerio de Planificación (Mideplan), cuyo sondeo además indica que las mujeres ganan 30 por ciento menos que los hombres en el mismo trabajo, ante el 37 por ciento de 1990.

La precariedad del empleo se ha vuelto cada día más evidente, entre otros hechos, por la disputa entre Codelco -la principal estatal chilena- y sus trabajadores subcontratistas; el paro nacional de la salud que pide el aumento de las tasas asignadas a la salud pública, así como el aumento de la dotación de personal; el descontento laboral de operadores del Transantiago; las demandas del Colegio de Profesores, que reclaman por el rediseño de la LGE para recuperar derechos y poner fin al lucro en la educación. Eso por señalar algunos de los sectores descontentos.

Esta discusión actual sobre la calidad del empleo y la superación de la brecha distributiva de los ingresos, motiva una mirada a los sectores productivos que más se modificaron con el proceso de la llamada modernización del país, cuya base sigue siendo la exportación de productos primarios. La definición gubernamental de Chile como una potencia agroalimentaria ha relevado la importancia de los productos agrícolas, incluyendo el vino, y el salmón, que se han sumado al proceso de globalización y transnacionalización de la economía liderado por el cobre.

La inserción en el proceso de globalización y transnacionalización de la economía ha significado la firma de acuerdos comerciales con más de 50 países, convirtiendo a Chile en el país más abierto y desprotegido en su comercio internacional. Específicamente la actividad frutera de exportación para el sector agrícola ha significado que las familias que habitan las zonas frutícolas han transitado, en el transcurso de los últimos 20 años, de campesinos a trabajadores asalariados y trabajadoras asalariadas y han debido colocarse, en desiguales condiciones, en el mercado laboral. La temporalidad del trabajo ha implicado una inserción inestable en la estructura ocupacional, con ingresos monetarios irregulares y una fuerte competencia entre iguales.

Las políticas agrarias, la relación entre el agro y los demás sectores, la integración regional rural y urbana, y la vida de las personas vinculadas a la agricultura también tienen relación con la industria del salmón que ha tenido un crecimiento vertiginoso, siendo receptor de muchas divisas y posiciona al país como el segundo mayor productor de salmones y truchas cultivadas en el mundo, junto a Noruega, siendo paradigma y ejemplo ilustrativo del modelo económico global. Se ha desarrollado sin considerar seriamente y con cautela el impacto en las localidades, puesto que sus trabajadores y trabajadoras, sus comunidades y el entorno en general, tienen origen agrario o de pesca artesanal y esta industria ha modificado la acción de los sujetos sociales, así como el escenario en el cual se desarrolla.

Buscando enfrentar el problema se crea la Comisión de Trabajo y Equidad, cuya Misión indicó para este Consejo Asesor Presidencial la discusión de propuestas que contribuyan con una mayor equidad en el mundo del trabajo, considerando tanto la institucionalidad laboral como políticas para el mercado laboral, lo que tal vez se condiga con la decisión de La Moneda de anunciar el 21 de mayo su intención del fortalecimiento de la negociación colectiva para alcanzar una normativa explícita, por lo menos, de jornada de trabajo y salarios.

La discusión de la ley de negociación colectiva y la sindicalización es urgente para superar la herencia legislativa de dictadura, expresada en la Constitución y en las leyes específicas para el sector laboral, puesto que los resultados de la precarización del trabajo asalariado se manifiesta con mucha fuerza en contratos laborales por períodos cortos, lo que constituye una traba en la organización sindical y en el funcionamiento de los mecanismos de negociación colectiva. Se agrega que parte importante de la fuerza laboral en el país está ubicada en unidades productivas de menor tamaño, con posibilidades de sindicalización mucho menores. En ese marco, la condición de precariedad de los empleos y los bajos salarios tienen directa relación con la falta de libertad de trabajadores y trabajadoras para el ejercicio de sus derechos. No por casualidad, la OIT cuando define su concepto de trabajo decente habla de la libertad y la equidad en la relación laboral y, ha puesto en el primer lugar de sus convenios fundamentales (Convenios 87 y 98), el derecho a organizarse y negociar colectivamente.

Se requiere en el país cambios sustantivos que exigen la conjunción de políticas macroeconómicas, productivas, sociales y medioambientales con el fin de generar empleo digno e inclusión, lo que pone en el tapete el rol del Estado como garante de los Derechos Humanos y de un sistema público de seguridad social, con carácter solidario y universal, incluyendo políticas fiscales para la protección social.

El verdadero desarrollo del país requiere adoptar políticas sociales autónomas, soberanas, inclusivas y universales que atiendan las demandas y necesidades de los diferentes sectores de la población, incluyendo a los grupos excluidos, sobre todo los pueblos indígenas rurales y urbanos, personas con discapacidad, niños y niñas, jóvenes, migrantes y otros. Así y sólo así será posible la profundización de una democracia fundada en la participación y representación efectiva y equilibrada de mujeres y hombres en los distintos espacios de poder, lo que releva también la necesidad del avance en la paridad de género a través de la implementación de instrumentos para la igualdad salarial, acciones positivas en las empresas y la corresponsabilidad en el ámbito familiar.