Son Aybaca y Huancabamba dos provincias norteñas de las alturas piuranas. Los páramos y peculiares bósquez de neblina envuelven un extraño ecosistema de ríos nacientes,  motor de la agroexportación en toda la región, principalmente para la zona baja y árida de Piura. En él, habita el tapir andino –más conocido como el oso de anteojos- una especie en peligro de extinción que da cuenta de la preciosa biodiversidad, que forma así, una zona de amortiguamiento natural de la frontera con Ecuador.
Aybaca y Huancabamba tienen cobre. Nunca antes para Segunda y Cajas, y Yanta –dos comunidades que viven en dichas provincias- ello había resultado un problema. Cierta vez, Monterrico Metals, operando bajo el nombre de Minera Majáz, decidió –lejos de ser una propuesta- explotar en tierras piuranas este preciado mineral.

En el convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, se establece que las comunidades campesinas indígenas tienen por derecho ser consultadas para asuntos relacionados a su territorio. Es cierto que el Perú nunca reglamentó dicho convenio, pero es de sentido común, y sin pecar de buen samaritano, que si es cierto que las instituciones públicas, que tienen voz y  voto en esta toma de decisiones según ley y trabajan en función de nuestros interéses, la opinión popular de estos pobladores se debía tomar en cuenta. Pero así  la historia… no continúa.

El Ministerio de Energía y Minas otorgó permiso a dicha empresa para que inicie sus actividades de exploración. Breve tiempo después se promulgó un Decreto Supremo declarando que el proyecto minero presentado por la Minera Majáz, denominado Río Blanco, es de “necesidad  pública”, justificando así la violación al derecho de autodeterminación de los pobladores.

La oposición ante no inevitable, la inconformidad y desesperación, a veces, deja pocas opciones. Ante la mirada indiferente del Estado Peruano y la empresa inglesa, las comunidades expresaron su rechazo. Fruto de ello, campesinos y ronderos organizaron varias marchas de protesta que tuvo por  respuesta una represión brutal por parte de la Policía Nacional, que dejó el saldo de dos muertos: uno en el suceso de abril del 2004 y otro en el suceso de agosto del 2005. Sumado a  ello, más de doscientos manifestantes están legalmente perseguidos.

Hay veces que el sistema legal deja de tener por fin la justicia, y por el contrario, funda un clima de miedo para reprimir cualquier tipo de organización social que se oponga a los interéses de la empresa. Se fundó una campaña de difamación en la prensa regional y nacional, donde se sugiere que la oposición al proyecto minero esta asociado al narcotráfico y el terrorismo. La misma excusa del  narcotráfico ha sido utilizada para militarizar la zona minera.

Pese a todo, las comunidades permanecieron unidas en su lucha por el derecho a elegir su propio modelo de desarrollo y fue así que, con el apoyo de muchas organizaciones regionales, nacionales e internacionales, organizaron un Consulta Vecinal en determinación a su futuro. Los resultaron evidenciaron el rechazo a la minería como forma de desarrollo. El 57% de la población votó, y de ellos, el 97% no estuvo de acuerdo con la presencia de la Minera Majáz.

Tanto el gobierno como la empresa se negaron a validar los resultados. Por su parte, el Primer Ministro Jorge Del Castillo impulsó una mesa de diálogo para negociar el tema. Esta estrategia fracasó desde el momento en que la empresa decide no reconocer los resultados de la consulta popular.

Frente a tal panorama, las comunidades realizaron una gran marcha de sacrificio que consistió en caminar una semana hacia la capital de la región. Una marcha que lejos de ser “en contra” de la minería –como algunos afirman- tuvo por objetivo rectificar la opción de aplicar un modelo de desarrollo propio y distinto, donde ellos sean los propios actores y decidores del cambio, de su futuro. Definitivamente, para Majáz esta minera no era la única solución a sus problemas, y si la minería lo fuera, sería bajo las condiciones que determinen sus pobladores.

Poco tiempo después la Defensoría del Pueblo declaró ilegal la presencia de la Minera Majáz en las tierras comunales de yanta, y Segunda y Cajas. Una delegación académica inglesa independiente advirtió reiteradas veces las consecuencias sociales y ambientales de un nuevo distrito minero, tal como lo plantea la empresa.

Hoy en día, la campaña de criminalización y difamación de los defensores del medio ambiente persiste. Hasta Marzo del presente año 35 personas involucradas en la defensa de los derechos de los comuneros de Aybaca y Huancabamba, han sido denunciados por un pequeña organización paralela creada por la empresa. Dichas denuncias no cuentan con un sustento legal, pues contienen delitos de terrorismo, secuestro, asociación ilícita para delinquir, violación de domicilio, entre otras.

Cabe preguntarse qué leyes amparan a las personas más vulnerables de nuestro país que desean participar del desarrollo de su localidad, de una manera justa y prevaleciendo los derechos ciudadanos, si actualmente los años de encarcelamiento para cualquier poblador que cierre una carretera es mayor que los años que podría recibir un violador o un secuestrador. Si es ese el modelo de desarrollo que sugieren algunos sectores empresariales, habría que reconsiderar la propuesta, en búsqueda de una sociedad más justa, participativa e inclusiva.

Mariel Andrea Rentería
Est. de Comunicación social
Fuente: Foro Público “Hacia al Tribunal de los Pueblos”