La protección del medio ambiente, la creciente preocupación del público sobre impactos ambientales y el interés de los medios de comunicación, así como el aumento de la repercusión pública de temas ambientales vinculados a emprendimientos empresariales, han provocado una serie de abordajes, con el objetivo de concretar el concepto de desarrollo sustentable, en su ya clásica definición de “la satisfacción de las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Como conjugar la protección del medio ambiente, con el desarrollo económico y la superación de la pobreza, es el gran desafío de este siglo, y proliferan las iniciativas para encontrar soluciones. Es así que surgen iniciativas como la Responsabilidad Social de las Empresas, en la cual éstas intentan responder a la preocupación pública en materia de derechos humanos y colectivos básicos, entre los que se encuentran la protección del medio ambiente. Como se integran los distintos aspectos ambientales en el desarrollo de la Responsabilidad Social de las Empresas, como las empresas pueden (y deben) integrar estos aspectos a sus políticas y planes de gestión, es el interés principal de este trabajo. Este tema no es novedoso en los países desarrollados, ya que existen desde hace algunos años estándares y normas para gestionar los aspectos ambientales a nivel de la empresa, pero estas normas no son demasiado conocidas, y mucho menos populares, en los países en desarrollo como Uruguay. Eso lleva a que muchas prácticas empresariales a nivel nacional que se titulan como de Responsabilidad Social Empresarial, no cumplen a cabalidad con las normas internacionales existentes, o en elaboración. Este trabajo aspira a clarificar un poco más el panorama en relación con los temas ambientales relevantes a considerar por las empresas a la hora de implementar programas y políticas de responsabilidad social, y en especial, a profundizar en la necesaria participación de la sociedad civil para que estas prácticas puedan ser consideradas legítimas y valiosas.